Introducción a las tendencias del desarrollo sustentable

El desarrollo sustentable será aquel que, aparejado al desarrollo económico, a la satisfacción de las demandas sociales y a la utilización de los recursos naturales, haga frente al desafío de construir un futuro más racional y equitativo para las generaciones por venir. En México, el reto es alcanzar un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la restauración y protección del medio ambiente que permita frenar las tendencias del deterioro ecológico, a la vez que se logre un desarrollo económico equitativo y suficiente para una población de más de 105 millones de habitantes. Ante esta situación, se requiere de la participación corresponsable de todos los sectores de la sociedad.

Participación social

Hablar de medio ambiente y desarrollo sustentable sin la participación del sector social se puede considerar como un pecado ambiental inaceptable. Resulta imposible concebir la aplicación de una estrategia para el desarrollo sustentable sin la intervención y participación real y activa de una ciudadanía organizada. Es necesario construir nuevos esquemas de corresponsabilidad ciudadana en el diseño y la vigilancia de las políticas públicas relativas al medio ambiente.

En el presente siglo es muy común que en los medios de comunicación aparezcan diversos grupos sociales manifestándose en contra de proyectos de supuesto desarrollo económico. A veces la presión social es tan fuerte que muchos proyectos se han visto frustrados. Desde luego que grupos establecidos en organizaciones no gubernamentales (ONG), en la mayoría de los casos, actúan de buena fe y con conocimientos ambientales ; sin embargo, es también común que estos grupos sean manipulados por intereses de carácter político o económico.

Los resultados o avances de la participación social en las políticas públicas en México han provocado un proceso muy heterogéneo. Esto se debe a la gran diversidad de organizaciones involucradas (existen desde fundaciones y grupos de asistencia privada, hasta productores del sector social y cámaras empresariales, organizaciones no gubernamentales y asociaciones de profesionales). La participación social ha sido fomentada en las diversas reuniones de carácter ambiental que se han realizado en el mundo, desde la "Declaración de Estocolmo", pasando por la "Cumbre de la Tierra" y la Agenda 21.

Participación institucional

En México, desde antes de la publicación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (1988), ya existían diversas organizaciones o individuos que participaban activamente para exigir a las autoridades más atención a los problemas ambientales. En ese tiempo, los principales y más importantes ríos del país se consideraban entre los más contaminados del mundo el aire de la ciudad de México y de las principales ciudades industriales prácticamente era irrespirable y el suelo se impactaba por el uso irracional de pesticidas y residuos industriales peligrosos.

Debido a los compromisos adquiridos por México en las distintas reuniones internacionales, poco a poco se fue abriendo en las esferas oficiales espacio para la participación de grupos organizados de la sociedad civil. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se estableció la obligación del Estado de organizar el sistema de planeación democrática del desarrollo nacional (Artículo 26). Esto implica que, mediante la participación de los diversos sectores sociales, se recogerán las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas a los planes y programas de desarrollo.

La Ley General del Equilibrio Ecológico, en el Título V, establece que: "El gobierno federal deberá promover la participación corresponsable de la sociedad en la planeación, ejecución, evaluación y vigilancia de la política ambiental y de recursos naturales" (Artículo 157). Como producto de lo expresado, nació en la SEMARNAP (ahora SEMARNAT) el concepto de Consejos Consultivos de Participación Ciudadana, quedando integrados uno por cada estado, y un Consejo Consultivo Nacional.